
Septiembre es el mes en el cual en Colombia se conmemoran la paz y los derechos humanos. La situación de orden público y los retos sobre las consecuencias e impactos de la denominada Paz total en las comunidades es uno de los temas más relevantes en la agenda nacional. Sobre estos temas conversó nuestra coequipera Diana Lasso con Carlos de la Torre, alto funcionario de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia.
DIANA LASSO (DL): La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en sus diferentes informes sobre vulneraciones de derechos humanos en el departamento del Huila ha mostrado cifras crecientes en materia de vulneración de derechos. ¿A qué considera que se debe dicha situación?
CARLOS DE LA TORRE (CDLT): Creemos que esta situación de deterioro en materia de derechos humanos viene creciendo a lo largo de los últimos cuatro o cinco años, al menos de una manera muy clara. Hay varios factores: el primero de ellos, muy importante, ha sido la expansión e intensificación del control social de los grupos armados no estatales en distintas partes del país. Se siente una disputa muy fuerte por el control de los territorios que en el fondo es una lucha por el control de las economías ilícitas diversas.
Es necesario reflexionar, ¿quién está, digamos, en medio de estas disputas? Las comunidades, la población civil. Particularmente pueblos indígenas, comunidades afro y campesinas. El control social implica restricciones importantes a las libertades de estas personas, tanto en movilidad de circulación, libertad de expresión, etc. Pero muchas veces también hay una expresión violenta del control social que implica homicidios de personas defensoras de derechos humanos, amenazas, desplazamiento y confinamiento de comunidades. El Departamento del Huila no es ajeno a ello. Tenemos casos de niños y niñas reclutados de manera forzada por los grupos. También ha habido utilización también de artefactos explosivos para minar zonas e impedir que otros grupos puedan entrar ahí, pero en medio está la misma población.
Por supuesto, hay un factor de tipo estructural: falta de acceso a derechos económicos, sociales y culturales y ambientales por parte de las comunidades. Y esto también está muy vinculado al incremento de la fuerza de los grupos armados no estatales y un factor central: la ausencia permanente de las instituciones del Estado en los territorios con mayores índices de violencia. Un Estado ausente tanto a nivel nacional, departamental, y sobre todo nacional, con programas que puedan satisfacer y cumplir con las garantías de los derechos económicos, sociales y culturales de estas comunidades.
DL: ¿Frente al fenómeno del reclutamiento forzado, especialmente en niños, niñas y adolescentes, cuál debería ser el rol de la institucionalidad local y cómo fortalecer a las comunidades para dar respuesta a este fenómeno?
CDLT: Aquí estamos frente a un problema estructural. Puede parecernos un tema de coyuntura, porque aumentó el número de niñas y niños reclutados de manera forzada. Sin embargo, el asunto tiene relación directa con problemas estructurales del país.
Especialmente, tiene que ver con un tema de desigualdad, de falta de oportunidades, sobre todo para niñas y niños campesinos pertenecientes a poblaciones indígenas y afro. En este sentido, la desescolarización de muchos infantes, la violencia intrafamiliar o la falta de oportunidades de trabajo, así como una expansión de las economías ilegales e informales en el país, contribuyen a recrudecer estas problemáticas. Por lo tanto, atendiendo a tu pregunta, la acción del Estado debe ser integral y coordinada entre los niveles municipal, departamental y estatal.
En Colombia se vive una especie de contradicción con el modelo mismo estructural del Estado. Te lo explico: donde se requiere mayor presencia del Estado es precisamente en aquellos municipios que son considerados de categoría 6.ª y 5.ª, es decir, que reciben menos recursos. Entonces observamos un cuello de botella constante: no hay recursos, simple y sencillamente para atender este fenómeno que, como decía, tiene que ser integral, sobre todo desde el nivel municipal.
Contemplamos cómo los municipios rebasados por este fenómeno. Esta dinámica requiere una intervención más fuerte de los gobiernos departamentales y una mayor una capacidad política, financiera y un nivel de coordinación importante también en el rango municipal.
El Gobierno del Huila anunció el establecimiento de un comité departamental para atender la situación del reclutamiento de niñas y niños. Nos parece que por este canal puede darse una instancia de articulación que puede aglutinar las distintas instituciones en torno a un plan [de acción.
Dicho plan tiene que ser integral: debe prever ejes de prevención, protección, pero también de desarrollo, para que desde allí se generen alternativas. Y por supuesto también acciones de difusión, sensibilización, campañas informativas. Desafortunadamente en Colombia se ha normalizado el reclutamiento de niñas y niños. Desgraciadamente, esto es visto como una especie de mal que viene atado al conflicto. Sin embargo, el impacto que tiene este fenómeno en las personas y en la historia de cada niño o niña, en las familias, y en las comunidades es enorme. Por ello se requiere una mayor sensibilización para no tolerar ningún caso de menores reclutados en Colombia.
DL: Por último, hemos recibido el anuncio del cierre de la oficina local a raíz de situaciones de orden presupuestal del organismo. Diversas organizaciones estatales y particularmente y particulares han manifestado su preocupación respecto al impacto a corto plazo por el rol de garante y de denuncia soportadas en que representa la oficina. Eventualmente, ¿esa situación podría ser reversible?
CDLT: Estamos viviendo una crisis financiera importante en la oficina, como tú lo has dicho. Esto ya lo hemos hecho público. Estamos perdiendo aproximadamente la mitad del presupuesto debido a la situación mundial. En el mundo estamos viviendo una crisis financiera en el sector humanitario, ¿no? Y muchos de los recursos de los países que son tradicionalmente donantes se están destinando a más seguridad, armamento, y a la prevención de la seguridad nacional en esos países.
Esto lleva a que se quite el foco a temas de cooperación y ayuda humanitaria que antes habían sido para los países del sur o para países que están en un conflicto armado interno, como el caso de Colombia. Esta reducción ha tenido un impacto en la oficina que se traduce en falta de presencia, disminución de nuestro personal y ello implica el no poder seguir acompañando muchas de las comunidades como antes lo hacíamos.
Esperamos que sea provisional. Confiamos que otros donantes puedan concedernos fondos para poder seguir haciendo nuestro trabajo. Estamos trabajando en ello. No es fácil porque estamos en un panorama mundial difícil, cada vez con menos recursos, con más necesidades. Hay otros conflictos muy fuertes en el mundo, como Gaza, Ucrania, Sudán, Myanmar, entre otros.
De allí que muchos de los recursos no necesariamente estén llegando a Colombia, pero tenemos confianza en que posiblemente vamos a poder recuperar, sino totalmente, por lo menos algo razonable del presupuesto que teníamos para seguir acompañando a las comunidades.
DL: Muchas gracias.

Gracias por esta entrevista. Es necesario que tengamos los ojos puestos en esos cambios presupuestales que terminan afectando incidencias importantes en materia de DDHH y su protección. Al fin de cuentas, creo que esto permite vaticinar el panorama frente al escalamiento de hechos violentos.