Por: Yenny Katkerine Parra Acosta.
Desde una perspectiva económica, la reconstrucción de Venezuela podría generar un efecto expansivo en la región. Sin embargo, el mayor beneficiario inmediato es Estados Unidos y su ecosistema corporativo y financiero, con acceso privilegiado al petróleo venezolano, valorización bursátil de empresas energéticas y financieras y una avalancha de ingresos legales derivados de uno de los procesos judiciales más grandes de la historia reciente. Para Venezuela, la promesa de recuperación existe, pero llega condicionada por una realidad ineludible: su futuro económico y político está siendo rediseñado desde el exterior con contornos difusos.
La reconstrucción de Venezuela podría irradiar crecimiento regional porque su motor central es el petróleo y su cadena de suministro. El país posee 303.000 millones de barriles de reservas probadas, aproximadamente el diecisiete por ciento del total mundial, lo que, si el sector vuelve a ser financiable y operable, activa una ola de demanda de ingeniería, transporte, alimentos, servicios financieros, seguros y logística en los países vecinos. Sin embargo, el punto de partida es frágil, en enero de 2026 la producción cayó a aproximadamente 880.000 barriles diarios a comparación de los 1,16 millones de finales de noviembre, y la Faja del Orinoco descendió de 675.000 a 410.000 barriles diarios, por lo que la reconstrucción comienza más como una rehabilitación de capacidad perdida que como una expansión neta inmediata.
Aun así, el choque de inversión y demanda para reactivar electricidad, puertos, carreteras, petróleo, salud y alimentos obligará a importar cemento, acero, maquinaria, combustibles, medicamentos y servicios, principalmente desde Colombia, Brasil, el Caribe y Estados Unidos, generando exportaciones, empleo y actividad en la región y, al normalizarse la infraestructura, se debería dar el reintegro de Venezuela en las cadenas productivas y comerciales que amplifican el crecimiento más allá de sus fronteras.
En el corto plazo Estados Unidos es el beneficiario inmediato porque controla no solo el acceso físico al crudo venezolano, sino todas las llaves que lo vuelven comercializable, como las licencias de OFAC, los pagos, los seguros, los intermediarios de comercio, el financiamiento, la tecnología y el cumplimiento regulatorio. En ese andamiaje destacan Chevron, operando bajo licencias, y firmas de servicios como Baker Hughes y Weatherford habilitadas por el propio marco sancionatorio, mientras que los flujos comerciales ya visibles, como dos supertanqueros con 1,8 millones de barriles cada uno y la mención de un acuerdo de suministro de 50 millones de barriles entre Caracas y Washington, atraviesan primero el sistema financiero, asegurador y de comercio dominado por Estados Unidos. Dado que Venezuela posee las mayores reservas probadas del mundo, cualquier expectativa de reapertura dispara flujos hacia el Golfo de México, cuyas refinerías están técnicamente diseñadas para procesar ese crudo, además de una revalorización bursátil de petroleras, empresas de servicios y bancos que participan en esa cadena. De allí el debate interno estadounidense con la EIA, que advierte que más crudo venezolano presionaría a la baja los precios refleja el mismo incentivo, pues las ganancias se capturan desde el primer momento, mucho antes de que la economía venezolana vea una recuperación tangible.
Para Venezuela, la promesa de recuperación llega fuertemente condicionada desde el exterior por dos frentes que se entrecruzan. El primero es el humanitario y social, con una diáspora de 7,9 millones de personas que reconfigura el mercado laboral, las remesas y el consumo. El segundo es el jurídico y patrimonial, donde la reconstrucción avanza al mismo tiempo que acreedores y laudos como los de ConocoPhillips y Crystallex buscan ejecutar reclamaciones multimillonarias en cortes de Estados Unidos, con CITGO como pieza central. Ese entramado activa de inmediato el ecosistema legal y financiero estadounidense, con litigios por deuda y activos, arbitrajes y la defensa penal de Nicolás Maduro y Cilia Flores, generando una avalancha de honorarios. Solo CITGO, la filial de PDVSA en Estados Unidos, ha producido decenas y hasta más de cien millones de dólares en pagos a firmas y asesores, con tarifas que van de 1.100 a más de 2.500 dólares por hora. En ese sentido, una defensa federal de alto perfil puede costar decenas de millones de dólares en pocos años. Así, aunque pueda llegar capital y actividad a Venezuela, lo hace bajo reglas, licencias y prioridades de pago definidas fuera del país. Lo anterior, hace que la recuperación venezolana sea posible, pero bajo una soberanía económica limitada y de contornos difusos, al tiempo que una parte sustancial del dinero ya fluye primero hacia abogados, bancos y tribunales estadounidenses.
En conjunto, la reconstrucción de Venezuela promete un impulso económico para toda la región, pero su fase inicial está estructuralmente inclinada a favor de Estados Unidos debido a que ese país concentra la infraestructura energética, el capital financiero y el sistema legal que canalizan los primeros flujos de dinero. De este modo, mientras Venezuela enfrenta una recuperación larga, costosa y políticamente condicionada, una parte sustancial de la renta generada por su propio colapso, petróleo, deuda y litigios, se captura fuera de sus fronteras, lo que convierte la reconstrucción no solo en un proyecto de desarrollo sino también en un negocio geopolítico donde los beneficios se reparten de manera profundamente asimétrica.
Sobre la autora…
Yenny Katherine Parra Acosta es Posdoctora en Ciencia de Datos aplicada a la reparación corporativa de derechos humanos de la Universidad de St. Gallen (Suiza) y la Pontificia Universidad Javeriana. Doctora en Gestión de Organizaciones con mención honorífica Cum Laude de la Universidad EAN, Máster en Administración con especialidad en Mercadeo de la Escuela Europea de Dirección y Empresas, y Administradora de Empresas de la Universidad de Quebec en Chicoutimi y Universidad EAN. Miembro del International Exchange Alumni del U.S. Department of State y del Swiss National Science Foundation. Docente-investigadora en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Militar Nueva Granada.