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Opinión por: Luisa Lasso.
La trata de personas es una de las violaciones a los derechos humanos más serias que se presenta debido, principalmente, al crimen organizado transnacional. Desde 2003, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha reportado 225.000 víctimas de trata a lo largo del mundo. Para combatir este flagelo, la misma organización promovió la adopción del Protocolo de Palermo para reprimir y sancionar la trata de personas en el año 2000. Este protocolo fue ratificado por Colombia y como consecuencia de dicha adopción, fue proferida la Ley 895 de 2005 por medio de la cual se castiga la trata de personas y crea mecanismos de atención para las víctimas.
De acuerdo con la OIM, en Colombia, el delito de trata de personas va en aumento debido a las inequidades socioeconómicas y de género que las personas refugiadas y migrantes en situación de vulnerabilidad pueden presentar, dado que cuando la movilidad humana es alta y se da en contextos de precariedad, los casos de trata suelen aumentar. Desde el 2013 hasta julio de 2020, de acuerdo con cifras del Ministerio del Interior, en Colombia se han registrado 686 casos de trata de personas, de los cuales el 82% corresponde a mujeres y el 18% a hombres. Además, el promedio de edad de las víctimas oscila entre los 18 y 30 años (55%), seguido de personas entre los 31 y 50 años (22%) y, por último,
se presentan los niños, niñas y adolescentes (12%).
A pesar de que las cifras arrojan un panorama desconcertante del fenómeno de trata de personas en el país, este es un problema que pocas veces es priorizado por las autoridades y frente al cual no se han expedido políticas públicas necesarias para su abordaje. Llama la atención que, frente a un delito tan complejo, no exista una política robusta encaminada a capacitar a los funcionarios encargados de hacer cumplir las leyes relacionadas a la trata de personas como lo son fiscales, jueces e inspectores de trabajo.
Las cifras de trata en Colombia indican que las principales víctimas son mujeres y que, en un contexto de migración masiva, como en el caso de Venezuela a Colombia, estas personas son especialmente vulnerables y la probabilidad de ser victima de trata aumenta para este grupo poblacional. Adicionalmente, las personas con orientación sexual y de género diversas son particularmente vulnerables frente al delito de trata, teniendo en cuenta que son objeto de discriminación, precariedad laboral, inseguridad financiera y violencia institucional.
El mayor desafío en la actualidad es la implementación de un enfoque de género para abordar el problema de la trata de personas. Los documentos más relevantes en materia internacional otorgan a este delito un tratamiento uniforme, sin tener en cuenta la particularidad de las violencias que padecen las víctimas, así, la explotación sexual se equipara al trabajo forzado y se invisibilizan categorías sobre el género. La ausencia de un enfoque de género en el delito de trata desconoce las relaciones que se producen entre víctima y victimario dentro del delito de trata con fines de explotación sexual y su impacto en la legalización y regulación de la prostitución.
La aplicación del enfoque de género para abordar el delito de trata se hace especialmente necesaria puesto que hay distintos factores que hacen a las niñas, mujeres y personas no binarias vulnerables a este delito: la feminización de la pobreza y de la migración, la división del trabajo en el patriarcado. Sin embargo, la mayor parte de instrumentos a nivel mundial y nacional que intentan aplicar el enfoque de género a este crimen, lo hacen de manera exclusiva para la trata con fines de explotación sexual, dejando de lado la aplicación de este enfoque en otras formas en las que se manifiesta como el trabajo forzoso.
La trata de personas es un fenómeno realmente complejo que atenta contra distintos derechos de las personas entre los que se encuentra: la vida, la integridad personal, la libertad de locomoción. Pese a que las cifras indican un aumento en los casos de trata en Colombia, las autoridades no han expedido políticas suficientes para abordar este problema y la aplicación del enfoque de género es deficiente, teniendo en cuenta que el 70% de las víctimas a nivel mundial de todas las formas de trata son mujeres.
El delito de trata tiene rostro de mujer y es importante que las autoridades sepan reconocerlo, un abordaje desde el enfoque de género nos permite visibilizar de qué manera las lógicas patriarcales victimizan a las mujeres en un contexto globalizado. A vísperas de la posesión de un gobierno y ante la posibilidad de la creación de un Ministerio de la Igualdad, se hace necesario poner el tema de presente en la agenda pública del país.
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Perfil: Abogada y Politóloga de la Universidad de La Sabana con experiencia en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Justicia Transicional. Actualmente se desempeña como abogada junior en BDO Colombia
Cláusula de conflicto de intereses: Luisa Lasso no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico/profesional/personal de su perfil.
