Por: María Alejandra Llanos Lozano.
Nota del director: Esta columna es la ganadora de la III Convocatoria de Mujeres columnistas de nuestro medio de comunicación. Se publica sin ningún cambio, tal cual se presentó.
Hay cosas que muchas mujeres aprendemos demasiado temprano, casi siempre sin que nadie se detenga a explicárnoslas de forma explícita. Con el tiempo las incorporamos a nuestra rutina diaria como si fueran parte natural de habitar el mundo: antes de salir de casa miramos la hora, pensamos por dónde caminar, avisamos cuando llegamos. En ocasiones apretamos las llaves entre los dedos al cruzar una calle oscura o aceleramos el paso cuando sentimos que alguien camina demasiado cerca. Son gestos pequeños, casi invisibles, que se repiten tantas veces que terminan normalizándose, aunque en el fondo sabemos que no deberían ser parte de la experiencia cotidiana de ninguna persona.
En teoría, la ciudad es de todos. Así lo repiten con frecuencia los discursos sobre ciudadanía, convivencia y espacio público. Sin embargo, la experiencia cotidiana suele contar una historia más compleja, porque para muchas mujeres moverse por la ciudad implica un cálculo silencioso que se hace casi sin pensarlo: elegir calles mejor iluminadas, evitar ciertos lugares a determinadas horas o enviar ese mensaje breve que dice “ya llegué”, una frase sencilla que muchas veces funciona como una forma discreta de tranquilidad compartida.
No se trata de exageración ni de paranoia, como a veces se sugiere con ligereza, sino de la acumulación de experiencias que se repiten y que las mujeres reconocemos entre nosotras incluso cuando no nos conocemos, porque forman parte de una memoria cotidiana compartida.
En los últimos años esta realidad empezó a nombrarse con mayor claridad a través de una idea que ha ganado espacio en las conversaciones sobre urbanismo y convivencia: el derecho de las mujeres a la ciudad. Dicho de manera simple, implica reconocer algo que debería parecer evidente, pero que durante mucho tiempo no fue realmente considerado: que las mujeres también tenemos derecho a habitar, recorrer y disfrutar la ciudad con tranquilidad, sin sentir que estamos ocupando un espacio que nunca fue pensado plenamente para nosotras.
Durante décadas muchas ciudades se diseñaron desde una mirada que asumía que todos vivimos la vida urbana de la misma manera, imaginando trayectos simples y previsibles que iban de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Sin embargo, la vida cotidiana rara vez es tan lineal, especialmente para muchas mujeres cuyos recorridos diarios suelen parecerse más a una red de trayectos que a una línea recta. En un mismo día podemos llevar a un niño al colegio, pasar por el mercado, acompañar a un familiar a una cita médica, resolver un trámite y luego cumplir con nuestras responsabilidades laborales, moviéndonos por distintos puntos de la ciudad en desplazamientos fragmentados que rara vez aparecen en los mapas tradicionales del urbanismo.
Cuando esas dinámicas no se tienen en cuenta empiezan a aparecer pequeñas brechas que, con el tiempo, terminan afectando la manera en que habitamos el espacio público: sistemas de transporte que no responden a esos recorridos múltiples, calles con iluminación insuficiente o parques que durante el día resultan espacios amables, pero que al caer la noche dejan de sentirse seguros para muchas personas.
Hablar del derecho a la ciudad, por lo tanto, no significa reclamar privilegios, sino reconocer que durante mucho tiempo la experiencia cotidiana de las mujeres apenas estuvo presente cuando se pensaron muchas de las decisiones que organizan la vida urbana.
Además, esta conversación ha ido ampliando su mirada, porque la forma en que se vive la ciudad no depende únicamente del género. Hay personas para quienes el espacio público puede resultar aún más hostil. Las personas de la comunidad LGBTIQ+, por ejemplo, no solo enfrentan los riesgos habituales del entorno urbano, sino también la violencia que nace del prejuicio y la homofobia; algo similar ocurre con muchas personas con discapacidad que intentan desplazarse en ciudades que todavía no están diseñadas pensando en la accesibilidad, o con comunidades indígenas y poblaciones empobrecidas que habitan territorios donde el acceso a servicios, transporte y espacios públicos de calidad sigue siendo profundamente desigual.
Mirar la ciudad desde estas realidades permite entender que el derecho a la ciudad, en el fondo, es una conversación sobre dignidad.
A veces pienso en todo esto cuando miro a mi hija e imagino las calles que recorrerá cuando crezca, los parques donde se encontrará con sus amigas y las conversaciones que tendrá caminando sin prisa en alguna tarde cualquiera, porque en ese momento el tema deja de ser una discusión teórica sobre urbanismo y se vuelve algo profundamente personal.
Quisiera que ella, mi sobrina, mis hermanas, mis amigas y las hijas de mis amigas puedan caminar con la misma tranquilidad con la que lo hacen muchos de los hombres que quiero y admiro, y también quisiera que mi mamá, mis tías y mi abuela (que crecieron en un tiempo en el que tantas cosas simplemente se aceptaban) alcancen a ver cómo las ciudades también tienen la capacidad de transformarse.
Me gustaría que Neiva fuera una ciudad donde las mujeres no tengan que aprender primero estrategias de defensa antes que la alegría de recorrer sus propias calles, porque cuando una mujer puede caminar tranquila algo importante está funcionando bien en una ciudad: significa que hay espacios públicos pensados para todos, que la iluminación es suficiente, que el transporte funciona y que existe una conciencia colectiva de que el cuidado también forma parte de la vida urbana.
En últimas, el derecho a la ciudad no es una consigna ni una discusión técnica reservada a urbanistas, sino una aspiración profundamente humana: la posibilidad de vivir en lugares donde nadie tenga que medir su libertad en función del miedo y donde una niña crezca sabiendo, con absoluta naturalidad, que la ciudad también le pertenece.
Sobre la autora…
María Alejandra Llanos Lozano es abogada, especialista en Derecho Médico, con maestría en Violencia de Género de la Universidad Internacional de Valencia (España) y experiencia laboral en la Rama Judicial. Feminista. Su trabajo se centra en la intersección entre el derecho, la salud y la protección de los derechos de las mujeres, con especial énfasis en la violencia de género y las problemáticas estructurales que la rodean.